Miércoles, 10 de Marzo de 2010 19:36 

 

Recientemente la Academia Nacional de Medicina se ha pronunciado en términos duros y concretos en referencia a la Emergencia Social. Nos permitimos transcribir el comunicado que ha enviado a la comunidad científica y los medios en general.

 

Marzo 8, 2010

"Trataré a los enfermos de acuerdo con mi capacidad y buen juicio, y los apartaré del perjuicio y la injusticia. " Esto reza el Juramento Hipocrático, que estableció el marco ético y deontológico de la práctica de la medicina. Un precepto hipocrático nos dice: primum utilis esse, "primero el beneficio del paciente."

Harvey Cushing, hace ya casi un siglo, habló sobre la devoción del médico, esa devoción común que por encima de cualquiera influencia une a la profesión en su propósito de servicio. La devoción a la medicina, la consagración del médico, consecratio medici, aglutina a los miembros de esta profesión y lo hace con mayor fuerza y en forma más perdurable que ninguna otra actividad humana.

El médico se debe a su paciente, y a nada ni a nadie más. La reciente legislación de la Emergencia Social atropella la sagrada obligación del médico de hacer lo mejor por su paciente.

La medicina es una actividad que se ejerce con el más alto contenido moral, por cuanto su propósito único y exclusivo es el bien y el bienestar del paciente y de la sociedad. La medicina es, a la vez, una actividad intelectual que obra simultáneamente como profesión y como ciencia. La devoción a ella es máxima expresión de humanismo y humanitarismo.

Considera la Academia que la legislación de la Emergencia Social atenta contra el derecho humano y universal a una atención integral de la salud, por cuanto elimina la autonomía intelectual del médico en la toma de decisiones para el beneficio del paciente y supedita el imperativo hipocrático al mandato administrativo de los entes intermediarios. Además, rechaza la intención original y vigente de los decretos de crear un POS limitado a determinadas patologías y a considerar la atención de mediana y alta complejidad como "prestaciones excepcionales" cuyo costo se descarga en el paciente. Por lo demás considera éticamente inadmisible que el médico, actuando según su conocimiento y buen

juicio, pueda ser multado si prescribe un régimen terapéutico científicamente aceptado o ejecuta un procedimiento que esté por fuera de lo que decidan los nuevos comités y organismos denominados "técnico-científicos".

El médico sancionado podría ser además acusado penalmente de haber cometido un peculado, ya que los dineros del sistema de salud son de carácter público. Desde el punto de vista social, es inconcebible que se decrete que los costos de las prestaciones calificadas como excepcionales en salud, deban ser cubiertos por los afiliados con préstamos bancarios o, lo que es peor, con sus cesantías, tal como los decretos legislativos lo establecen originalmente. Estas disposiciones, que tienen fuerza material de Ley, según opinión de juristas no pueden ser

modificadas por un decreto reglamentario.

La Academia Nacional de Medicina, en su condición legal de órgano asesor del Gobierno Nacional, registra la expedición de tales decretos como un atropello más a una profesión digna y verdaderamente sacrificada, amenazada con perder su autonomía causando un grave detrimento para la salud de los pacientes.

Por lo anterior, la Academia Nacional de Medicina no puede aceptar los decretos

legislativos pertinentes a la salud emitidos en el marco de la Emergencia Social. Así lo ha expresado en declaraciones públicas y ante el Presidente Álvaro Uribe Vélez. Espera que la Honorable Corte Constitucional en su real saber y entender decida lo más justo para la salud de los colombianos.

GUSTAVO MALAGON LONDOÑO, MD

Presidente

 

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