Miércoles, 27 de Enero de 2010 03:02 

 

Recientemente fue decretada por el gobierno nacional la emergencia social como consecuencia de las dificultades económicas por las que atraviesa el sector salud. Se ha dicho que las EPS no tienen fondos para funcionar y que los que el FOSYGA posee no solo son escasos sino muy difíciles de tramitar.

Una vez decretada la emergencia social, en un lapso corto se han ido expidiendo múltiples decretos reglamentarios, algunos que parecen razonables y necesarios, mientras que otros son motivo de gran preocupación. Muchos de ellos ya son comidilla de editoriales y artículos de la prensa diaria y otros se discuten en corrillos de los gremios científicos.

Si bien es cierto que se habla de bondades y progresos en el sistema, como es el aumento en la cobertura, hay cifras - a mas de las económicas - que son verdaderamente alarmantes, como son las elevadas tasas de cáncer de cuello uterino y de sífilis congénita, que no son otra cosa que el reflejo de falencias profundas en actividades básicas de promoción y prevención. A pesar de la gran cantidad de recursos que fluyen dentro del sistema de salud, muchos están quedando en la intermediación y los trámites administrativos, mientras que a la atención de pacientes no llegan tantos como se quisiera. Hoy se habla de corrupción dentro del sistema que ha dificultado el ingreso de algunos fondos, como por ejemplo la laxitud de entidades como ETESA en el cobro y recolección de impuestos generados por juegos de azar y la imposibilidad de depurar las bases de datos del SISBEN en gran parte del territorio nacional. Ello hace que hoy sea necesario buscar alternativas para conseguir recursos de manera tal que se pueda garantizar la viabilidad financiera del sistema de salud en el país.

Dentro de los decretos señalados, algunos son razonables y seguramente han debido ser expedidos hace mucho tiempo, como son el aumento en los impuestos a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Realmente no existía ninguna justificación para que bebidas como la cerveza estuviesen prácticamente exentas de impuestos en nuestro país. El aumentar los impuestos a estos artículos seguro aportará más recursos al sistema que pueden aprovecharse de muchas maneras.

Se ha dicho que una de las metas de estas reformas es lograr la igualdad entre el POS del régimen contributivo y el subsidiado, lo cual la misma Corte Constitucional ha afirmado que es necesario pero casi imposible por la gran cantidad de dinero que implica y que sobrepasa los 6 billones de pesos. Por ende se debe concluir que para igualar los dos sistemas se hará precisamente por lo bajo, recortando servicios en aras de aumentar la cobertura. Ahí empieza uno a entender el alcance de otros de los decretos reglamentarios. A partir de mitad de año se dará prioridad a la atención primaria y se limitará el acceso a la medicina especializada. Advierto que no es que yo tenga nada en contra de los médicos generales, por el contrario admiro y respeto su trabajo. Pero si hoy a nivel mundial existen las especialidades e incluso en algunas ramas las supraespecialidades, hay casos que ameritan su concurso. Si hoy existe dificultad para que un médico general pueda solicitar ayudas diagnósticas o remitir un paciente a un especialista, seguramente mañana será mucho más complicado. Me pregunto, ¿será que esta política realmente redunda en beneficio para el usuario y mejora la calidad de atención? No lo creo. La situación se traducirá en mayor cobertura pero menores beneficios probablemente, en especial para aquellos que sostenemos el sistema, los del régimen contributivo.

El ministro de la Protección Social ha manifestado que una de las intenciones de estos decretos es llegar a que para aquellos eventos que no están incluidos en el POS cada cual deberá aportar una parte de su costo de acuerdo a su patrimonio. Para él es lógico y bien visto, tal como lo ha planteado a la prensa, que una persona utilice sus cesantías, desocupe su fondo de pensiones o incluso tenga que acudir al sistema financiero e hipotecar sus bienes para solventar la crisis en momento de un tratamiento necesario. Con todo respeto me atrevo a preguntar al doctor Palacios qué concepto tiene en mente cuando habla de protección social y piensa que una persona puede darse el lujo de acabar con aquello que con recelo ha atesorado a lo largo de su vida para garantizar una vejez tranquila cuando surge un imprevisto en su salud que el sistema - que entre otras cosas ha aportado a él durante toda su vida - es incapaz de solucionarle. Creo que a nuestro ministro se le ha olvidado que la expectativa de vida va en aumento y que uno de los problemas mundiales que enfrenta la sociedad actual es garantizar la manutención de la población mayor.

Lo más grave para nosotros está plasmado en el decreto 131. Por un lado crea un nuevo ente, el "Sistema Técnico Científico" quien "coordinará, articulará, generará y clasificará el

conocimiento pertinente, con criterio técnico basado en evidencia científica, de tal forma que sus orientaciones sean un referente para los prestadores". En resumen, será el responsable de determinar cuales son las patologías prioritarias y cuales serán los estándares de atención, en teoría basados en le evidencia científica disponible. He tenido la oportunidad de escuchar en varios programas de radio a nuestro ministro quien ha afirmado que ha delegado el desarrollo de las diversas guías de manejo a las Sociedades Científicas. Por lo que a mi respecta puedo decir que cuando me acerqué al Ministerio siendo la cabeza de la Asociación Colombiana de Menopausia, fui descalificado y jamás se nos llamó para emitir un concepto académico. Por el contrario nos manifestaron que la elaboración de las guías había sido contratada a través de universidades públicas. ¿Será esta una treta para distraer a la opinión pública haciéndola creer que los médicos fuimos tenidos en cuenta para algo en esta reforma?

Siguiendo con este mismo decreto, en él se pone en juego los preceptos de ética médica que desde 1981 fueran incluidos en la Ley 23 y que desde 1948 se juran en el momento de recibir el título como médico, adoptando la convención de Ginebra. En ellos es muy claro que el principio básico que rige el quehacer del médico es propender por encima de cualquier cosa por el bienestar y la recuperación de la salud del paciente. Con esta nueva normatividad, la ética cambia y ya lo que es aceptado, lo que es correcto es hacer lo que el sistema ordena. Sencillamente los estándares que adopte el Sistema Técnico Científico son de estricto cumplimiento. Basados en esta nueva premisa, dónde queda el juicio, el criterio médico que permiten discernir cuál es la mejor opción para cada caso, cuando todo se resume ahora en una regla matemática. Hoy veo que razón tenía un director de hospital cuando me decía que ya no existía justificación en enseñar la medicina, que con contar con buenas bases de datos y revistas electrónicas para buscar la evidencia era suficiente. Ya ni siquiera debemos buscar la evidencia, el sistema nos la dará de acuerdo a su conveniencia.

En el mismo decreto ya se define la posibilidad que exista un conflicto de intereses cuando se presta un servicio o se realiza una investigación. El decreto es vago y deja abierto un campo grande para muchas especulaciones cuando habla que los "profesionales de la salud acepten o reciban beneficios particulares". Esos beneficios pueden ser entendidos de diversas maneras y podrían ser interpretados como el recibir un esfero, una invitación a comer, un patrocinio para un congreso o una charla académica. ¿Será que esto conducirá a finalizar las relaciones que hasta hoy han existido entre sociedades científicas e industria farmacéutica que en gran medida han contribuido a mantener la educación continuada en nuestro país? ¿Será posible que si el día de mañana soy invitado por algún laboratorio a dictar alguna conferencia seré tildado por las autoridades de actuar de manera irresponsable y falta de ética?

Lo más grave es que dentro del articulado ya se habla de sanciones y multas para aquel profesional que se aparte de los estándares establecidos y que se considere lesiona el sistema. Que tristeza saber que de la noche a la mañana pasamos de ser un elemento importante a unos parias de la sociedad. El Ministerio ha mencionado que los estándares que aplican en este régimen saldrán de las guías de manejo que se elaboren y como su nombre lo indica, las guías son eso, una ayuda, una brújula para condiciones frecuentes, pero jamás una camisa de fuerza. Estoy seguro que mañana veremos a los médicos generales sufriendo porque por un lado se les exige cumplir con dichos estándares pero por otro sin contar con el concurso y la ayuda de la medicina especializada. ¿De verdad es esto un avance en la salud del país o a largo plazo la costo - efectividad que se busca dará resultados adversos y seguiremos en retroceso?

Por otro lado siempre se ha escuchado que gran parte del sufrimiento de un paciente en el sistema de salud es enfrentar la gran cantidad de trabas, trámites y tropiezos que las mismas EPS ponen a su atención. Personalmente he tenido que pasar por ellos y sé que no es nada agradable hacer cola tras cola, día tras día, llamada tras llamada, hasta lograr finalmente obtener lo que se requiere. Es curioso que este siendo uno de los grandes problemas del sistema y por lo menos en parte responsable de la gran cantidad de acciones de tutela interpuestas, en ningún momento es tocado por la nueva Ley. ¡Qué curioso ese proteccionismo del gobierno hacia las EPS! La misma red pública de hospitales está asustada con las medidas ya que ve como una amenaza el que no se haya vuelto a exigir que por lo menos el 60% de la atención del régimen subsidiado sea contratado con ella.

En mi humilde ver y entender, esta Ley acompañada de sus decretos reglamentarios respectivos, tiene tanto de largo como de ancho y si bien es cierto que puede acarrear consigo algunos beneficios para los usuarios del régimen subsidiado, para los demás pacientes, para los profesionales y los mismos hospitales públicos puede derivarse en consecuencias graves.

Es hora de por fin buscar la unidad médica y de los demás profesionales del área de la salud para luchar en contra de estas medidas impuestas de manera arbitraria e inconsulta. Debemos lograr que se haga una modificación de fondo a la Ley 100, compromiso que adquiriera el presente gobierno durante su campaña para el primer período en el que fue elegido. Es hora que las sociedades científicas lideren el proceso de unidad y cambio de manera tal que se logre recuperar la dignidad de los profesionales de la salud, de manera tal que las autoridades y el gobierno entiendan que nuestro quehacer diario busca por todos los medios prevenir la enfermedad, promocionar la salud y buscar las mejores alternativas para mejorar la calidad de vida de nuestra población. En ningún momento somos enemigos del sistema.

¿Acaso no es posible pensar en alternativas como las que vivimos años atrás? Aunque tenemos facilidad para olvidar las cosas es importante recordar que años atrás todos los colombianos tuvimos que contribuir con un impuesto - el 2 por mil - para evitar el colapso del sistema financiero, hoy uno de los negocios más boyantes. No creo que sea alocado pensar que hoy por lo menos parte de ese 4 por mil que se convirtió en un impuesto definitivo pudiese entrar a reforzar las arcas del sistema de salud.

Colegas, amigos y pacientes unamos nuestros esfuerzos, dialoguemos, marchemos y hagamos todo lo necesario para demostrarle al gobierno que en materia de esta reforma ha tomado el camino equivocado. Seguro que entre todos podremos avistar un mejor futuro para la salud de todos los colombianos.

 

Germán Barón Castañeda, MD

Médico Ginecólogo Endocrinólogo

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